El informe sobre el Consorcio de Bomberos ya está en Fiscalía
El escrito fue remitido el pasado martes y en él se señala al exgerente Antonio Navarrete
Día 07/04/2012 - 11.29h
Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Córdoba remitieron a la Fiscalía el pasado martes, día 3 de abril, la denuncia por las irregularidades contables y de gestión detectadas en el Consorcio de Bomberos por la Intervención de la entidad provincial. Este informe pone de manifiesto el agujero de cerca de 8 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social tanto de la empresa, como de su plantilla de 200 trabajadores, la mayoría bomberos.
El escrito de la denuncia, al que tenido acceso ABC, articula su razonamiento en función del artículo 262 del Código Penal, relativo a la «alteración de precios en concursos y subastas públicas» que contempla que «los que se concertasen entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años».
El artículo del Código Penal establece también que «si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años».
Parque comarcal
El primer punto de la denuncia se refiere a las irregularidades detectadas en la adjudicación y construcción del Parque Comarcal de Bomberos en La Carlota. Según el texto de la denuncia «simultáneamente a la obra principal se estaban realizando obras en la parcela exterior sin que los técnicos tuvieran conocimiento, sin que se hubiese designado facultativo para dirigirlas y sin tramitación».
Estas obras, que según la denuncia, fueron presumiblemente ordenadas por el exgerente del Consorcio, Antonio Navarrete, tuvieron un importe de 262.170,13 euros, que se abonó en tres facturas, «sin tener en cuenta las advertencias de los técnicos de la Diputación».
Junto a esto, el segundo punto que se remite a la Fiscalía es el informe sobre las irregularidades descubiertas en la firma de la poliza de un crédito por valor de 2,7 millones de euros destinado a la tesorería del Consorcio y que fue suscrita el pasado mes de junio, un día antes de la llegada del PP a la Diputación.
El texto remitido al fiscal vuelve a señalar al exgerente del Consorcio, ya que para la autorización de la citada póliza era necesaria la firma de la secretaria del organismo, como fedatario público, hecho que no se produjo ya que fue Navarrete el que firmó el documento y «pese a las advertencias de la secretaria asumió ilegalmente el cargo de secretario de dicho Consorcio».
La tercera pata de la denuncia se refiere al constante impago de las cuotas de la Seguridad Social en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2012, por importe aproximadamente de unos 8 millones de euros. Hay que recordar que, tal y como adelantó ABC, el informe de la interventora de la Diputación puso de manifiesto que parte de esos abonos fueron presuntamente desviados por los antiguos gestores del Consorcio a una partida denominada «gastos diversos» de donde se pagaron obsequios, catering o regalos de Navidad por un importe de 147.000 euros.
Los servicios jurídicos de Diputación se ponen a disposición de la Fiscalía para la solicitud de la documentación que estime oportuna para depurar las responsabilidades de este caso.
