El exgerente siguió desviando pagos a su cuenta con el nuevo gobierno
De los nueve ingresos denunciados ante la Fiscalía, 4 fueron bajo el gobierno popular
Día 26/05/2012
Las
presuntas irregularidades en la gestión del exgerente del Consorcio de
Bomberos Antonio Navarrete se extendieron también bajo el gobierno del
PP en la Diputación. Así, de la denuncia elevada a la Fiscalía el martes
por una presunta malversación de fondos al detectarse que se habían
desviado nueve ingresos a la cuenta del exgerente —para el pago a una
empresa de limpieza— la mitad se hicieron con Manuel Gutiérrez como
presidente del Consorcio, es decir, bajo el gobierno del PP. De esos
nueve ingresos, por valor de 76.113 euros, cuatro se hicieron entre
julio y diciembre de 2011, según el informe de Intervención de la
Diputación y al que ha tenido acceso ABC. Cabe recordar que el PP tomó
el control del ente provincial el 23 de junio de 2011.
Así,
la primera de las transferencias que se hicieron a la cuenta de
Navarrete con el concepto de pago por «servicio de limpieza parque de
bomberos» fue el 7 de julio de 2011, por valor de 8.326,89 euros. Este
ingreso no está acompañado de factura identificativa alguna, al igual
que los otros ochos casos denunciados ante el fiscal. El segundo ingreso
fue ese mismo mes, por el mismo valor y concepto. Los dos últimos
ingresos irregulares y bajo la sospecha de la malversación se realizaron
el 26 de octubre y el 17 de noviembre del pasado año, ambos por valor
de 9.312,64 euros.
Llama
la atención que en los primeros días del gobierno del PP en el
Corsorcio el exgerente realizara dos transferencias a su cuenta por el
mismo importe y concepto. Y también que depusiera su actitud, que venía
realizando casi de forma mensual y la reanudara a finales de año, cuando
ya se barajaba su posible cese del cargo tras el anuncio de los
populares de cambios en la gestión de las empresas y organismos
provinciales y reducción de directivos y asesores. De hecho, en esa
fecha, en octubre, el PP destituyó a varios cargos directivos afines al
PSOE.
Por
otro lado, la cronología de las presuntas malversaciones detectadas en
la etapa socialista, es decir, con Fernando Expósito como máximo
responsable político del Consorcio, es lasiguiente: Se inician en
diciembre de 2010 con la primera transferencia detecta a su cuenta por
un importe de 8.084,35 euros, se retoman en febrero del año pasado con
otro ingreso por el mismo valor y se intensifican en abril (8.326,89
euros), mayo (8.010,95 euros) y junio (8.326,89 euros).
Varios frentes
Por
otro lado, cabe recordar también que el exgerente está el punto de mira
de la demanda que interpuso ante el Fiscal y el Tribuna de Cuentas el
pasado 3 abril por la falta de abonos a la Seguridad Social en la etapa
de 2003 a 2011. En la misma denuncia también se apunta al exgerente por
su gestión en la ampliación de las obras del parque de bomberos de La
Carlota, sin expediente alguno y sin que hubiese concurso público alguno
para la licitación de los trabajos, sobre cuyas irregularidades ya
advirtieron hasta en tres ocasiones los técnicos del servicio de
disciplina urbanística de la Diputación. Y, por si fuera poco, en esa
misma denuncia se apunta a Antonio Navarrete como presunto autor de un
delito de usurpación de identidad pública ya que suscribió una póliza de
crédito de 2,7 millones (el día antes de que el PP tomase las riendas
del ente provincial y pese al informe contrario de la secretaria del
Consorcio) «sin que el mismo ostentase la condición» para firmar la
póliza, que supuestamente hizo «ilegalmente», según la denuncia.
A
todos estos frentes hay que añadir otro más, relativo a la ampliación
de la denuncia del 3 de abril para incluir la deuda contraída con la
Agencia Tributaria por el impago del IRPF de 2009, 2010 y 2011, así como
las sanciones interpuestas, cuyo valor roza los 5 millones de euros. Y
como no, Antonio Navarrete se sitúa en el centro de la diana como
responsable de esta situación que viene a agravar aún más la delicada
situación del Consorico, con una deuda consolidado de 8,2 millones a la
Seguridad Social, a la que hay que añadir la de Hacienda.
