La Diputación lleva al fiscal ingresos del Consorcio en la cuenta del ex gerente
La denuncia asegura que las transferencias,
con un valor total de 76.113 euros, se realizaron desde noviembre de
2010 hasta febrero del 2012 y que no había expediente de contratación
con la empresa de limpieza
La
Diputación de Córdoba ha remitido al Ministerio Fiscal un documento que
denuncia unas supuestas transferencias a la cuenta personal del ex
gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios,
Antonio Navarrete, realizadas durante el período comprendido entre
noviembre de 2010 y febrero de 2012. En concreto, el escrito explica que
la Intervención de Fondos de la Diputación detectó nueve pagos -cuyo
importe total asciende a 76.113 euros- en los que figura como
destinataria una de las empresas de limpieza que operaba en los parques
de bomberos de la provincia, aunque "en realidad eran ingresadas en la
cuenta personal del propio Navarrete y no en la del proveedor". Según el
escrito, los ingresos también continuaron produciéndose durante los
primeros meses en los que llegó la nueva Corporación municipal del PP a
la institución provincial, hasta el pasado mes de febrero.
El documento facilitado a El Día asegura que existe una prueba de que ese dinero reseñado procede de los caudales públicos de la empresa provincial y que "ha ido a engrosar el patrimonio privado del citado gerente". La denuncia también indica que Expósito hacía coincidir los importes de las transferencias con los correspondientes a las facturas que se abonaban a la empresa de limpieza por sus servicios. La Intervención de Fondos de la Diputación matizó que también se procedía a la denominación de las anotaciones contables, "cuando el destino de tales fondos era la cuenta particular de la persona que tenía los fondos a su cargo", expone el documento entregado ya al fiscal. El escrito incluye también que "estos hechos permiten presumir indicios de existencia de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y siguientes del Código Penal, o los que la Fiscalía estime que pueda existir".
Por otro lado, esta denuncia es fruto del informe realizado por el interventor de la Diputación y supone una continuación de otros informes anteriores acerca de la situación del Consorcio de Bomberos, que comenzaron ante la situación de "quiebra técnica" de la empresa provincial y el "agujero" de más de 8,8 millones de euros con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria. Así, en el informe se estableció un análisis "pormenorizado" de la contabilización de algunos pagos efectuados a la empresa de limpieza, lo que reflejó que "no consta que se haya realizado expediente de contratación con la sociedad". No había tampoco registrado ningún contrato administrativo, "cuando la cuantía del servicio prestado excede del importe previsto", que la ley cifra en 18.000 euros. En este punto, la Intervención de Fondos señaló que "esta actuación referenciada y comprobada refleja una actuación consciente y deliberada", de los que se podría deducir que existen indicios de un posible delito de prevaricación del artículo 404 del vigente Código Penal. Así, en este sentido, el documento aclara que podrían resultar responsables las personas encargadas del cuidado de la organización, "especialmente de la persona que ostentaba el cargo de gerente, Antonio Navarrete".
Además de esta denuncia, el actual presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, explicó que los ayuntamientos de la provincia ya han sido informados de la formalización de otras denuncias que han sido también presentadas. En concreto, de las remitidas al Ministerio Fiscal por la firma de una póliza irregular, las obras del parque de La Carlota y las conductas susceptibles de constituir delito penal. Se han llevado también ante el Tribunal de Cuentas las irregularidades contables.
El documento facilitado a El Día asegura que existe una prueba de que ese dinero reseñado procede de los caudales públicos de la empresa provincial y que "ha ido a engrosar el patrimonio privado del citado gerente". La denuncia también indica que Expósito hacía coincidir los importes de las transferencias con los correspondientes a las facturas que se abonaban a la empresa de limpieza por sus servicios. La Intervención de Fondos de la Diputación matizó que también se procedía a la denominación de las anotaciones contables, "cuando el destino de tales fondos era la cuenta particular de la persona que tenía los fondos a su cargo", expone el documento entregado ya al fiscal. El escrito incluye también que "estos hechos permiten presumir indicios de existencia de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y siguientes del Código Penal, o los que la Fiscalía estime que pueda existir".
Por otro lado, esta denuncia es fruto del informe realizado por el interventor de la Diputación y supone una continuación de otros informes anteriores acerca de la situación del Consorcio de Bomberos, que comenzaron ante la situación de "quiebra técnica" de la empresa provincial y el "agujero" de más de 8,8 millones de euros con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria. Así, en el informe se estableció un análisis "pormenorizado" de la contabilización de algunos pagos efectuados a la empresa de limpieza, lo que reflejó que "no consta que se haya realizado expediente de contratación con la sociedad". No había tampoco registrado ningún contrato administrativo, "cuando la cuantía del servicio prestado excede del importe previsto", que la ley cifra en 18.000 euros. En este punto, la Intervención de Fondos señaló que "esta actuación referenciada y comprobada refleja una actuación consciente y deliberada", de los que se podría deducir que existen indicios de un posible delito de prevaricación del artículo 404 del vigente Código Penal. Así, en este sentido, el documento aclara que podrían resultar responsables las personas encargadas del cuidado de la organización, "especialmente de la persona que ostentaba el cargo de gerente, Antonio Navarrete".
Además de esta denuncia, el actual presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, explicó que los ayuntamientos de la provincia ya han sido informados de la formalización de otras denuncias que han sido también presentadas. En concreto, de las remitidas al Ministerio Fiscal por la firma de una póliza irregular, las obras del parque de La Carlota y las conductas susceptibles de constituir delito penal. Se han llevado también ante el Tribunal de Cuentas las irregularidades contables.