¿Cuándo se paga aquí?
La demora en el pago de las cuotas al Consorcio de Bomberos por parte de los ayuntamientos es algo que se repite todos los años y que obliga a buscar fondos para paliar la falta de liquidez de la empresa
JUAN RUZ | ACTUALIZADO 14.10.2012 - 05:01
CUANDO más de uno consideraba encauzado -aunque no resuelto- el asunto del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Córdoba, resulta que no, que han sido los propios trabajadores los que han tenido que meter el dedo en la llaga porque no han cobrado a tiempo sus nóminas correspondientes al mes de septiembre, lo que les llevó a muchos de ellos a concentrarse hace unos días ante la puerta principal de la Diputación, que es la que posee el 51% de la empresa e bomberos y la que, además, gestiona la entidad.
Para quien no lo recuerde, resulta que el consorcio tiene una deuda millonaria, ya que durante años no pagó ni a la Seguridad Social ni el IRPF de los trabajadores a Hacienda, además de otras lindezas que está investigando el fiscal, como el desvío de fondos a cuentas privadas. Vamos, un escándalo mayúsculo. Pero volviendo al asunto, resulta curioso que han tenido que ser los propios bomberos los que han llamado la atención sobre la situación real de esta empresa, cuya falta de liquidez ha demorado el abono de la nómina de sus empleados. Permítanme una maldad, y es que el pago de los salarios se produjo a media mañana del 9 octubre, justo cuando los bomberos llevaban ya un rato a las puertas del Palacio de la Merced. ¿Casual?
Analizando lo ocurrido, uno tiene la sensación de que entre todos la mataron y ella sola se murió, apelando al dicho popular. Porque resulta difícil de explicar que una sociedad como el Consorcio de Bomberos, con 12 millones de euros de presupuesto, no cuente con los mecanismos como para evitar que se produzca esa falta de liquidez que sus gestores y trabajadores reconocen y a la que se ha llegado por diferentes razones. El aterrizaje del PP en la Diputación y la asunción de la gestión de la empresa de extinción de incendios supuso sacar a la luz un cúmulo de irregularidades difícil de entender y que juzgarán en su día los tribunales, un mérito que le corresponde a los populares. Sin embargo, la justificación del vicepresidente primero de la Diputación y a su vez vicepresidente del consorcio -el presidente está, pero parece que no se le espera-, Salvador Fuentes, de que son los ayuntamientos los que no pagan a tiempo y que es eso lo que origina los problemas presupuestarios, presenta algunos matices.
La afirmación es totalmente cierta, puesto que a día de hoy los municipios sólo han abonado 150.000 euros de los 3,6 millones que deben aportar a la entidad. No obstante, el gobierno de la Diputación debería saber que se trata de una circunstancia que se repite, desgraciadamente, todos los años, puesto que los alcaldes y alcaldesas tienen a bien abonar su deuda con el consorcio a año vencido, es decir, cuando la propia institución provincial les retiene esos fondos a cuenta de los impuesto que les recauda. Por lo tanto, de sorpresa, nada de nada.
Para paliar el problema, el Consorcio recurre normalmente a una póliza de crédito, si bien este año no ha sido posible porque como bien dijo el martes uno de los trabajadores "no nos presta dinero nadie porque somos deudores". La solución, pues, pasaba por un adelanto de fondos a cargo de la Diputación, una operación que se ha hecho, pero tarde y de manera improvisada, como el propio Fuentes reconoció a los bomberos en su forzado encuentro del martes.
A todo ello se une que los municipios están un tanto desconcertados -también los del PP- porque ahora se les pide su parte de la deuda inaplazable que el Consorcio pagó a la Seguridad Social -más de 600.000 euros-, ya que la propia Diputación asumió en su día ese débito y nada dijo que se repercutiría luego sobre los ayuntamientos.
Este ha sido además el principal argumento de la oposición de PSOE e IU en la Diputación y de sus regidores para pedir una reunión urgente de la asamblea general del consorcio, un encuentro que, visto lo visto y comprobada la demagogia de la que unos y otros hacen gala en este asunto, sería recomendable que se celebrara cuanto antes. Un servidor, al margen de que discutan sus señorías de lo que consideren oportuno, les propone como primer punto del orden del día el siguiente: ¿cuándo se paga aquí? Empiecen por ahí para evitar nuevos esperpentos.
Para quien no lo recuerde, resulta que el consorcio tiene una deuda millonaria, ya que durante años no pagó ni a la Seguridad Social ni el IRPF de los trabajadores a Hacienda, además de otras lindezas que está investigando el fiscal, como el desvío de fondos a cuentas privadas. Vamos, un escándalo mayúsculo. Pero volviendo al asunto, resulta curioso que han tenido que ser los propios bomberos los que han llamado la atención sobre la situación real de esta empresa, cuya falta de liquidez ha demorado el abono de la nómina de sus empleados. Permítanme una maldad, y es que el pago de los salarios se produjo a media mañana del 9 octubre, justo cuando los bomberos llevaban ya un rato a las puertas del Palacio de la Merced. ¿Casual?
Analizando lo ocurrido, uno tiene la sensación de que entre todos la mataron y ella sola se murió, apelando al dicho popular. Porque resulta difícil de explicar que una sociedad como el Consorcio de Bomberos, con 12 millones de euros de presupuesto, no cuente con los mecanismos como para evitar que se produzca esa falta de liquidez que sus gestores y trabajadores reconocen y a la que se ha llegado por diferentes razones. El aterrizaje del PP en la Diputación y la asunción de la gestión de la empresa de extinción de incendios supuso sacar a la luz un cúmulo de irregularidades difícil de entender y que juzgarán en su día los tribunales, un mérito que le corresponde a los populares. Sin embargo, la justificación del vicepresidente primero de la Diputación y a su vez vicepresidente del consorcio -el presidente está, pero parece que no se le espera-, Salvador Fuentes, de que son los ayuntamientos los que no pagan a tiempo y que es eso lo que origina los problemas presupuestarios, presenta algunos matices.
La afirmación es totalmente cierta, puesto que a día de hoy los municipios sólo han abonado 150.000 euros de los 3,6 millones que deben aportar a la entidad. No obstante, el gobierno de la Diputación debería saber que se trata de una circunstancia que se repite, desgraciadamente, todos los años, puesto que los alcaldes y alcaldesas tienen a bien abonar su deuda con el consorcio a año vencido, es decir, cuando la propia institución provincial les retiene esos fondos a cuenta de los impuesto que les recauda. Por lo tanto, de sorpresa, nada de nada.
Para paliar el problema, el Consorcio recurre normalmente a una póliza de crédito, si bien este año no ha sido posible porque como bien dijo el martes uno de los trabajadores "no nos presta dinero nadie porque somos deudores". La solución, pues, pasaba por un adelanto de fondos a cargo de la Diputación, una operación que se ha hecho, pero tarde y de manera improvisada, como el propio Fuentes reconoció a los bomberos en su forzado encuentro del martes.
A todo ello se une que los municipios están un tanto desconcertados -también los del PP- porque ahora se les pide su parte de la deuda inaplazable que el Consorcio pagó a la Seguridad Social -más de 600.000 euros-, ya que la propia Diputación asumió en su día ese débito y nada dijo que se repercutiría luego sobre los ayuntamientos.
Este ha sido además el principal argumento de la oposición de PSOE e IU en la Diputación y de sus regidores para pedir una reunión urgente de la asamblea general del consorcio, un encuentro que, visto lo visto y comprobada la demagogia de la que unos y otros hacen gala en este asunto, sería recomendable que se celebrara cuanto antes. Un servidor, al margen de que discutan sus señorías de lo que consideren oportuno, les propone como primer punto del orden del día el siguiente: ¿cuándo se paga aquí? Empiecen por ahí para evitar nuevos esperpentos.